INTERESES DE PRÉSTAMO: APLICACIÓN DE LA LEY DE USURA


Debemos empezar distinguiendo de forma clara y precisa entre los intereses remuneratorios de los préstamos, y los intereses de demora por el incumplimiento de la obligación de pago de los plazos pactados, que vienen a constituir una cláusula accesoria al contrato de préstamo propiamente dicho.

Respecto de los primeros son de aplicación las limitaciones de la Ley de 23 de julio de 1908 de Usura, así como los principios que inspiran la legislación de consumidores y usuarios.

En cuanto a los segundos, se trata de pactos que tienen una clara finalidad disuasoria del incumplimiento y una forma de liquidación anticipada de los daños y perjuicios, no siéndoles de aplicación la Ley de Usura de 1908.

 

Una vez expuesto lo anterior hay que resaltar que la razón por la que no voy a poder aplicar la Ley de Usura a los intereses moratorios y sí a los retributivos es debido a la distinta naturaleza entre ellos. Cuando se habla de intereses a los que podremos aplicar esta ley, se hace referencia a los retributivos, ya que aquí se da el carácter bilateral de la obligación así como una equivalencia de las prestaciones entre las dos partes del contrato, al ser esta relación bilateral, onerosa y conmutativa. Mientras que cuando hablamos de los intereses moratorios estamos haciendo referencia a que los mismos van a surgir de una conducta censurable del deudor, buscando con estos intereses reparar el daño que el acreedor ha recibido por éste incumplimiento, así como un medio de estimular al obligado al cumplimiento voluntario ante la gravedad del perjuicio que produciría el impago.

En definitiva, los intereses de demora se califican como de sanción o pena con el objetivo de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que hace que no se consideren si exceden o no del interés normal del dinero, ni cabe configurarlos como leoninos, ni encuadrarlos en la Ley de 23 de julio de 1908.

Lo anterior no significa que no puedan ser calificados de abusivos los intereses moratorios, para lo que habrá de tenerse en cuenta qué tipo de contrato es aquél en el que se pactaron, quiénes las partes y qué intereses tanto remuneratorios como moratorios se acordaron.

De esta forma si nos referimos a un contrato de préstamo en el que el deudor o demandado sea un consumidor le será de aplicación la normativa protectora de los consumidores, es decir, las condiciones generales de la contratación, y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

 

El criterio que se sigue para calificar unos intereses como abusivos o no, es que la  «indemnización sea desproporcionadamente alta» criterio que se reitera, tras la reforma de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, en cuyo artículo 82.1 se consideran como cláusulas abusivas todas las estipulaciones no negociadas individualmente y «todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato», declarando el artículo 85.1 que «tendrá la consideración de cláusula abusiva por vincular el contrato a la voluntad del empresario, las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones».

 

Y ese criterio de valoración de la proporcionalidad o desproporcionalidad de la indemnización lo vienen fijando los Tribunales de distintas formas, así unos entienden que «la diferencia» existente entre los intereses remuneratorios y los moratorios pactados de menos de diez puntos no es desproporcionada. Otros han llegado a diversas soluciones, como reducirlo al fijado en el art.20 de la Ley de Contrato de Seguro (20%) o reducirlo aplicandolo en función de una proporcionalidad respecto al interés legal, otros sin embargo intentan no aplicar una cuantía nacida de un criterio que puede considerarse arbitrario, como sería fijar un porcentaje sin base objetiva alguna o hacer uso del art. 19. 4 de la Ley de Crédito al Consumo en operaciones negociales distintas a las reguladas en la misma, que tampoco parece adecuado y buscan otras alternativas.

En definitiva, a pesar de que la Ley de Usura no es aplicable a los intereses moratorios, no implica que no se deban controlar los mismos, y que los tribunales no puedan apreciar que éstos son desproporcionados y sean por tanto objeto de una reducción.

 


Acerca de Eduardo Goig

Eduardo Goig, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Colegiado 9680. 20 años asesorando a PYMES en asuntos mercantiles, civiles y penales.