Derecho de entrada de la Administración Pública en el domicilio social de una empresa


A raíz de una noticia publicada en el Periódico “el Mundo” , de la que se han hecho eco varios periódicos económicos nacionales, sobre la petición por parte de Hacienda a sus subordinados de impulsar o acordar “la entrada en domicilios y locales” de deudores para su inspección tributaria, nos preguntamos hasta qué punto un funcionario de la Administración Pública y en concreto de la Administración Tributaria puede acceder al domicilio de una persona jurídica o empresa.
En primer lugar conviene determinar qué es domicilio social de la empresa y cual es su protección legal.

En el art. 18.2 de la Constitución Española se determina: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.” Se trata de un Derecho Fundamental  y por ello cuenta con una protección especial.
Una vez determinado ésto, y a la luz de su especial protección efectuada por el Tribunal Constitucional, tienen la consideración de domicilio de un persona jurídica, los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque en ellos se ejerza la habitual dirección y administración de la sociedad, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento y todo ello con independencia de que sea el domicilio fiscal, la sede principal o la sede secundaria.

En estos casos para poder acceder a los mismos se exige la autorización judicial o el consentimiento del interesado.

Sin embargo, tal y como establece el Tribunal Constitucional, en los establecimientos abiertos al público o en que se lleve a cabo una actividad laboral o comercial por cuenta de la sociedad mercantil que no esté vinculada con la dirección de la sociedad ni sirva a la custodia de su documentación, así como en las oficinas donde únicamente se exhiben productos comerciales o los almacenes, tiendas, depósitos o similares, no les será de aplicación esta especial protección, no siendo necesaria la autorización judicial o consentimiento del interesado para su acceso, bastando en caso de oposición con una autorización administrativa.

 

Por todo esto y aplicando el art. 142 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre, para que la Inspección acceda a una finca, local de negocio o establecimiento en que se lleven a cabo actividades sometidas a inspección Tributaria, los funcionarios que desarrollen estas funciones podrán entrar directamente, salvo oposición del empresario en cuyo caso será preciso que cuenten con una autorización administrativa. Es decir, si nos referimos a una tienda, almacén, fábrica… el funcionario podrá acceder siempre que el propietario no se niegue, si esto ocurriese sería preciso que presente una autorización administrativa para su acceso.

Si el lugar en que se va a llevar a cabo la inspección tributaria se trata del domicilio social de la empresa, se trata de establecimiento donde se encuentre la dirección, en el que se custodie la documentación de la empresa, etc, se deberá obtener por parte de la Administración Tributaria el consentimiento del interesado o propietario, y en caso de que no la obtenga necesitará la oportuna autorización judicial, como así ha determinado en múltiples sentencias tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. Y que finalmente ha sido recogido en la actual Ley General Tributaria en los art. 113 y 142.2.

 

De esta forma y resumiendo, la persona con la que se entiende la Inspección puede consentir la entrada en su local o establecimiento, y, si se opusiera a ella, será preciso la autorización escrita del Delegado o del Director del Departamento del que depende el órgano actuante, siempre y cuando no estemos hablando del domicilio de la empresa, en cuyo caso precisará consentimiento del titular o resolución judicial, salvo claro está, flagrante delito.


Acerca de Eduardo Goig

Eduardo Goig, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Colegiado 9680. 20 años asesorando a PYMES en asuntos mercantiles, civiles y penales.