Amnistía fiscal: la insoportable levedad de los tributos


Cuando un país gasta estructuralmente más de lo que ingresa, tiene dos opciones:

  1. Reducir sus gastos  o aumentar sus ingresos.
  2. Endeudarse, solicitando dinero a los mercados.

La primera opción implica un coste electoral directo, al tener que reducir el gasto en partidas muy relacionadas con el día a día del ciudadano (reducción de empleo público, de infraestructuras o en servicios como la educación o sanidad) o bien aumentar los ingresos (vía incremento de tributos, básicamente).

La segunda opción, pedir dinero, a corto plazo pasa desapercibida para los electores, que no son conscientes del coste futuro vía intereses que estamos generando. Al igual que en una familia, el endeudamiento del Estado tiene un coste financiero que sólo tiene sentido si es para inversiones o gastos cuya rentabilidad económico-social supera al coste de la deuda; y sí, me temo que los gestores políticos pocos cálculos de este tipo han hecho al aumentar la deuda subasta tras subasta.

Que endeudarse tiene un límite ya lo saben todos los ciudadanos mínimamente formados; que los acreedores piensan en cobrar más que en el bien del país deudor, también. Y puedo criticar la ética de los acreedores, pero no su lógica económica. Si no quieres que los banqueros del mundo te manden, no tengas tratos con ellos. Algunos economistas que se califican de izquierdas hablan de deuda ilegítima y otros términos relacionados con que los ciudadanos no tenemos la culpa de la insensatez o intereses de los políticos y poderes económicos, en cuanto a parte de la deuda asumida. Este tipo de discurso tiene sentido si se levanta uno en armas al primer euro solicitado de forma “ilegítima”, pero a toro vencido suena más bien a “ahora no quiero cumplir con mis deudas que cuestan demasiado”. Si no queremos acatar las órdenes de los mercados financieros, no acudamos a ellos; ahora ya es tarde para quejarse de ello.

¿Opino que hay que obedecer lo que los acreedores nos imponen? Sin duda alguna, no. De hecho, ni ellos mismos saben lo que quieren; nos penalizan cuando gastamos demasiado y cuando recortamos en exceso en partidas que frenan el crecimiento. Lo que hay que hacer es inspirar confianza en nuestra gestión económica, negociar con las instituciones comunitarias unos recortes mucho más precisos y con unos tiempos acompasados con el crecimiento económico. Más paro, antes o después, provocara en fin de la paz social y disturbios que en nada benefician a los mercados, si lo que quieren es cobrar. No es fácil, sin duda; ¿quién dijo que dirigir una nación era cosa de pusilánimes?

Necesitamos equilibrar presupuestos, no conseguimos calmar a los mercados y pretendemos no subir más la presión fiscal, lo cual es muy discutible. Entidades financieras y determinadas fortunas ociosas no soportan adecuadamente un Estado del Bienestar que les permite gozar de una paz social que, entre otros beneficios, les otorga la potestad de salir en “la casa de los ricos” sin que luego les quemen la finca (los ricos inteligentes saben que la ostentación atrae calamidades). Y al Gobierno español, que de momento no vende islas como los griegos, se le ocurre aumentar los ingresos con una fórmula poco ortodoxa: una amnistía fiscal.

Una amnistía fiscal es un instrumento que pretende aflorar o atraer dinero negro al sistema impositivo. Sin duda es una medida desesperada en tiempos desesperados; como expertos que me merecen todo mi respeto la defienden, intentaré ser especialmente cauto a la hora de criticarla. Pero ya os adelanto que me parece indignante y tramposa, tal y como se ha planteado.

Instaurar un gravamen del 10% sobre el dinero negro no me parece un coste adecuado para el incumplimiento fiscal y no atenúa en nada el riesgo moral de la medida. Además es una mala señal para los que sí cumplimos religiosamente con el Estado, ya que la mayoría pagamos en el IRPF un tipo superior. Por esta regla de tres, ¿no deberían aplicarnos un 10% a los que cumplimos, también? No me extrañaría que la recaudación de los cumplidores se resintiera, con este tipo de “motivación fiscal” que nos ofrece el Gobierno.

Por otra parte, resulta que algunos asesores fiscales se atreven a  decir en público que la medida no tendrá éxito si no se garantiza el anonimato de los defraudadores. Me da igual si tienen razón o no, sería intolerable no conocer a los que se acogen a esta amnistía fiscal cuando por una simple multa se nos retrata a los demás.

Y en cuanto a la procedencia del dinero, ¿por si además de negro es ilegal? No sería propio de un Estado de Derecho amnistiar dinero procedente de las drogas, el asesinato o la prostitución, por ejemplo. Para evitar esta situación se deberían instrumentar medidas de comprobación de los fondos. No, como leo en una noticia:

Un portavoz del Gobierno descarta esta posibilidad y asegura que en el modelo de declaración para la regularización habrá que explicar con detalle la procedencia legal del dinero para evitar que, por ejemplo, se blanquee dinero procedente del terrorismo o de otras actividades ilícitas

Parece de chiste, la verdad. Ahora los criminales harán constar en la declaración que el dinero que quieren blanquear de forma legal proviene de la venta de hachis afgano. Lamentable.

Además sería necesario evitar a toda costa que el defraudador volviera a generar dinero negro; un pecador tiene posibilidades de reincidir, digo yo. Pero si el que se acoge a la amnistía sospecha que después se le vigilará de forma más intensa, probablemente no tenga incentivos suficientes para retratarse. Me temo que la medida no aflorará los 25.000 millones de recursos fuera del sistema tributario que estima el Ejecutivo, por los factores comentados y otros más. Sin embargo ha conseguido generar alarma social y puede afectar a la propensión a cumplir con la Agencia Tributaria, que se supone somos todos.

Improvisando no se genera confianza en los mercados, en los agentes económicos ni en las familias. No hay atajos para arreglar este país. Trabajo duro y capacidad de gestión, es lo que hace falta, y transparencia.


Acerca de Eduardo Goig

Eduardo Goig, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Colegiado 9680. 20 años asesorando a PYMES en asuntos mercantiles, civiles y penales.